Hemos solicitado en pleno la creación y puesta en marcha del Consejo Social de la Ciudad en un plazo no superior a seis meses.

La ley de Modernización del Gobierno Local, en su exposición de motivos, recoge la necesidad de avanzar en ámbito de la participación ciudadana, superando así el carácter meramente declarativo que sobre esta cuestión hacía la LRBRL.
Y ésta declaración sobre la necesidad de que los ciudadanos participen más activamente en la vida pública, se hace en concordancia con las reflexiones continentales que nos alertan de los riesgos que puede entrañar para nuestra democracia el alejamiento de la ciudadanía en contextos cada vez más globalizados.
Es decir, se constata ya en la Ley la evidencia de que la participación en la vida política local no sólo es posible sino, sobre todo, necesaria y deseable.
Todo ciudadano o ciudadana debe tener la posibilidad, a lo largo de su vida, de aportar una contribución personal, de comprometerse y jugar un papel, como decisor de la comunidad. Y, en este sentido, el establecimiento de lazos con la población local debe considerarse una misión clave del sistema político local, generando y consolidando una cultura de consulta en la vida política local.
Por ello, y teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Ministros Europeos sobre esta materia, la Ley de Modernización establece entre sus objetivos el reforzamiento de los canales de información y participación de la ciudadanía, y para ello define unos estándares mínimos a llevar a cabo para la consecución de este objetivo.
Objetivo que no es otro que el fortalecimiento de las democracias locales a través de la participación en comunidad. Por lo tanto, el reto está en adaptar el proceso de decisión a las expectativas evolutivas de los ciudadanos. Debemos pues, adaptar nuestras estructuras administrativas e institucionales (concebidas a mediados del S XX) a los cambios del S XXI, si nuestro compromiso es ensanchar las perspectivas del compromiso ciudadano.

Éste es, al menos, el compromiso adquirido por el conjunto del municipalismo en España, que aspira a ser uno de los más avanzados en esta materia en el ámbito europeo, al establecer en su ordenamiento jurídico, las recomendaciones europeas sobre la participación ciudadana.
Por ello, y revisando los objetivos de la ley, se hace evidente que nuestra institución ha de seguir avanzando hasta completar al menos el estándar básico recogido en la ley de medidas para la modernización de los gobiernos locales, que entre otras establecía en su articulo 131 la creación del Consejo Social de la ciudad.
Consejo que deberá estar compuesto por organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos. Y que entre sus funciones, sin perjuicio de otras que les pudiese encomendar el Pleno, estaría la realización de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos, tal y como se recoge en la Ley.