Este es el artículo que publiqué en la revista Res Publica el pasado 2 de julio

Uno de los fenómenos más sugerentes de los últimos tiempos es indudablemente el denominado 15-M. El hecho de que coincidiese con la campaña electoral y de que la Plataforma original que empezó las movilizaciones llevase por título “Democracia real ya” confirió un aire de rebeldía y de hartazgo social que caló hondamente en las conciencias y, particularmente, en los corazones. A ello hubo que añadir una puesta en escena absolutamente desconocida que acabó por tomar las plazas más significativas de nuestros pueblos y ciudades.

También es cierto que la coincidencia en el tiempo con la publicación del manifiesto “Indignaos”, de Stéphane Hessel, añadió un fuerte contenido político e ideológico superador de una simple revuelta callejera.

Lo primero que salta a la vista es que no hay una estructura organizativa con la que mantener unas relaciones estables. Y esto provoca una cierta inquietud en algunos responsables políticos acostumbrados a un funcionamiento semi-funcionarial de la política e instalados en una concepción del ejercicio del poder basada en reglas trasnochadas o, al menos, superadas.

Quisiera hacer un paréntesis para referirme al caso de Islandia. Es cierto que en este país el triunfo social y político de la revolución popular sí tuvo unos referentes más o menos identificables. Pero es verdad que todo comenzó cuando uno de esos líderes, acompañado por la “poderosa arma” de su guitarra, se colocó frente al Parlamento para cantar contra la manera en que se estaban gestionando los acontecimientos. Fue pues, un coro quien triunfó. Y sus líderes asumieron su papel, a la vez que dejaron claro que querían dejar de ejercerlo. Pero volviendo al caso español, la ausencia de una estructura dirigente en términos clásicos no debe hacernos pensar que nos enfrentamos a un movimiento desestructurado, con una vida anárquica y sin contenido ideológico. Muy al contrario, se trata de un ente vivo y que responde a una característica esencial del ser humano ya definida con absoluta simplicidad y brillantez hace varios siglos por Descartes: “Cogito ergo sum” (Pienso, luego existo).

Es un ente pensante, racional, que ha analizado la realidad y que está en condiciones de denunciar la injusticia del sistema y, por consiguiente, indignarse. Es decir, no es un movimiento que actúa “con las tripas”, sino con la mente.

Cuestión aparte será la de poner en claro cuáles son los objetivos concretos y las propuestas de solución. Pero probablemente, ese ejercicio no le corresponde sola y exclusivamente al 15-M.

Lo que pretendo con este artículo es sumarme e la reflexión y, paralelamente, incorporar el fruto de la misma a la acción política del Partido Socialista. Aprovechando además la oportunidad que se abre en el horizonte con la Conferencia Política que los socialistas vamos a celebrar en el mes de septiembre.

Lo primero que tenemos que reconocer los socialistas es el distanciamiento con la base social que se identifica con nuestras siglas. Los resultados electorales del pasado 22-M así lo acreditan. Es cierto, igualmente, que la inmensa mayoría de este electorado desafecto no ha dado el paso de confiar en otra opción política. Esto nos permite reconducir la situación y volver a ganar su confianza, siempre y cuando acertemos en el diagnóstico de las causas y, sobre todo en las respuestas.

Voy a centrarme en cuatro aspectos fundamentales:

- La capacidad de la política para resolver problemas.
- La prelación de la política sobre el mercado.
- La austeridad y el compromiso ético.
- El combate de la desigualdad.

La capacidad de la política para resolver problemas

Si algo se dice recurrentemente en esta crisis que estamos padeciendo, es que los mercados nos imponen determinadas medidas de ajuste de nuestro sistema productivo. Estas medidas impuestas provocan en algunos casos extremos (Irlanda, Portugal o Grecia) la imposición de medidas de obligado cumplimiento para las autoridades de esos países. Pero no nos engañemos, el resto de las potencias nacionales también se ven compelidas a adoptar medidas, en algún caso contrarias a las propuestas electorales votadas por los ciudadanos.

En el caso de España y tras el proceso electoral de marzo de 2008, el Gobierno socialista adoptó una serie de decisiones en línea con lo que se ha venido en llamar política keynesiana. Es decir, fuertes inversiones públicas para combatir la desaceleración económica e incentivar el consumo. Sin embargo, en mayo de 2010 todo cambió y el conjunto de países de la zona euro optó por medidas en sentido completamente contrario. drástica reducción del gasto público, control de la deuda a límites extremos y recortes en la subvenciones públicas.

Y el problema está en determinar si la política debe permanecer silente frente a los mercados o si tiene capacidad de alzar la voz y dirigir el proceso. Para que se me entienda, los mercados son una especie de dios al que debemos servidumbre y que se impone de modo inefable ejerciendo su omnipotencia por encima de unos pretendidos “poderes” sometidos a su dictado o, por el contrario, ¿puede la política regular la actividad de los mercados, someterla a control e imponer decisiones democráticas?

A mi juicio, la respuesta indudablemente debe ser sí, la segunda. Porque si no damos esta respuesta, especialmente desde la izquierda, sobre todo quienes tenemos por bandera ideológica la transformación de la realidad social, estaríamos predicando nuestro propio suicidio político. Pero es más, si llegáramos a la conclusión de que desde la política no podemos cambiar las cosas, ¿qué sentido tiene todo lo que estamos haciendo?

Y a este respecto, el 15-M nos ha dado una lección magistral. Lección que, por otro lado, seguro que está en el interior de cada uno de nosotros. Las empresas de calificación, las entidades financieras internacionales, etc., no son infalibles. Todo lo contrario. Cometieron graves errores que han propiciado parte de la situación en que nos encontramos. No debemos nunca olvidar que todos y cada uno de esos estamentos están conformados por personas. Es decir, por seres falibles, con intereses y, por consiguiente, imperfectos. El ejemplo más claro es el de Rodrigo Rato, ciudadano encumbrado en su día como el gran adalid de la economía y cuyo paso por el FMI fue un auténtico desastre, al ser incapaz de prever la crisis, de advertir a su país de lo que se avecinaba y acabando por abandonar el organismo por la puerta falsa y demostrando una incapacidad manifiesta.

Por tanto, tenemos que incorporar a nuestro programa político un compendio de medidas de control de los mercados, sin perjuicio de hacer una interpretación correcta de la realidad y un ejercicio plausible de rigor presupuestario y financiero.

La Conferencia Política de septiembre debe suponer un antes y un después para los socialistas. Nunca más someternos a decisiones impuestas sin que podamos discutirlas y aceptarlas o rechazarlas. Debemos pues negar la inevitabilidad.

La prelación de la política sobre el mercado

Si algo hemos defendido siempre los socialistas es la compatibilidad entre un Estado fuerte y un mercado libre. El mercado sin control provoca daños irreparables. Por eso, apoyamos la competencia de la autoridad política para regular el mercado.

Pero esto, que es algo que tenemos claro en el ámbito interno, no parece serlo en el internacional. La globalización, que ha supuesto un espejismo de libertad, ha traído como consecuencia la creación de unos monstruos incontrolados que amenazan seriamente los logros sociales y la propia libertad.

En el mundo económico global de hoy contamos con estructuras empresariales multinacionales, alguna de las cuales maneja fondos superiores a los presupuestos de cualquier Estado medio.

En la Edad Media el rey de Francia ordenó la disolución de los Templarios ante el temor de que el poder acumulado por éstos hiciera imposible su sometimiento a la autoridad real. Estaba en juego la determinación del poder. Es cierto que existían otras razones, como eran la posesión de los bienes como garantía de la propia autoridad real. Pero, sin entrar en las razones concretas, la existencia de una organización militar, religiosa e iniciática, como el Temple, que tenía ramificaciones más allá de los estados nacionales, fue vista por la autoridad real como una seria amenaza.

Y hay otros supuestos semejantes a lo largo de la historia. Pues bien, en este momento contamos por primera vez en mucho tiempo con estados con unos niveles de autoridad democrática más que aceptables. Contamos con organizaciones internacionales aparentemente democráticas igualmente. Y sin embargo, esos poderes que se sustentan en valores distintos de los del voto pretenden escaparse del control de las autoridades. Pretenden vivir al margen, marcando sus propias reglas, incluso a estados soberanos con dirigentes elegidos democráticamente en las urnas.

Esto no puede ser. Debemos apostar nuevamente por la prelación de la política y por situar el origen del poder en el pueblo, en el voto, en las urnas. Admitiendo la imperfección de nuestros regímenes democráticos y comprometiéndonos a su mejora, como luego expondré.

Pero esta es otra de las importantes lecciones del 15-M. Si las leyes las dictan los mercados, ¿qué pintan los políticos? Y es más, si no estoy conforme, ¿contra quién tengo que protestar? Y si quiero cambiar las cosas, ¿cuáles son los recursos a mi disposición?

La austeridad y el compromiso ético

Y todo esto es compatible con una reclamación a la política para su propia transformación y regeneración. Porque en el fondo el 15-M cree en la política y cree que la política puede dar respuesta a los interrogantes y encontrar solución a los problemas. Y por eso la exigencia del compromiso ético y la austeridad. Sólo aquellos y aquellas que sustenten su labor en el compromiso ético pueden aspirar legítimamente a representar a los ciudadanos. Y sólo el ejercicio austero del poder puede conllevar la adhesión ciudadana basada en la confianza.

Es este un debate recurrente y sobre el que ya he reflexionado y expuesto mi opinión en muchas otras ocasiones, especialmente en el ámbito de la política municipal, que es en la que yo me muevo. Pero cuando me he acercado al 15-M para conocer de primera mano su reivindicación básica, me han sorprendido sobremanera las ansias de participación, la necesidad de que esa participación se canalice correctamente y, sobre todo, la sensación de una suerte de falta de legitimidad en el ejercicio del poder en este momento presente. Voy a intentar explicarme.

Un bilbaíno ilustre como Ricardo Díez Hochleitner afirmó rotundamente que un político debe aspirar a una doble legitimidad: aquella que se deriva de las urnas y aquella otra que deviene del ejercicio participativo del poder. Es decir, no nos debe bastar con convocar a los ciudadanos y a las ciudadanas cada cuatro años a votar para luego convertirlos en sujetos pasivos de la política, sino que las instituciones deben propiciar la participación ciudadana, escuchando a la gente y teniendo en cuenta sus opiniones a la hora de tomar las decisiones. Este es el fundamento de un gobierno legítimo en el más amplio sentido de la palabra.

Pero además esta es la única garantía para acabar con esa sensación de “casta” que hoy atenaza a quienes ejercemos el noble arte de la política. Transparencia, eliminación de privilegios y servicio público son los principios rectores de la nueva política que aparece en el horizonte y sobre los que se sustentarán los próximos gobiernos en todas las instituciones.

Y esto no quiere decir que la política no pueda demandar también ciertos espacios para la reserva o la privacidad. Por supuesto que sí, pero sólo en la medida en que la confianza ciudadana gobierna la acción es posible disponer de tales espacios.

Creo que fue Ramón Rubial el que dijo algo así como que debemos elegir para que nos gobierne a la persona que nos merezca más confianza y a continuación vigilarle como si fuera la persona de la que más desconfiamos.

El combate de la desigualdad

Voy a ser sumamente breve en este apartado porque, probablemente, sea aquel en el que más coincidencia exista entre el discurso del 15-M y las propuestas socialistas. Por eso solamente voy a centrarme en una dimensión de la acción política que parece haber desaparecido del escenario: la fraternidad.

Dice el profesor Patxi Lanceros que la fraternidad ha desaparecido de la política moderna, siendo sustituida por un concepto más difuso como es el de la solidaridad. Del triple aforismo revolucionario, “Liberté, égalité, fraternité”, la tercera parece que ha caído en desuso.

En efecto, la solidaridad es el concepto que guía las relaciones humanas en la política contemporánea. La solidaridad es un vínculo social, ligado a nuestra conciencia, pero que no establece ningún compromiso ético, más allá que el de nuestro propio bienestar. Las Comunidades Autónomas debaten hoy si cabe poner límites a la solidaridad entre unas y otras. Los Estados de la Unión Europea reducen los fondos estructurales. Los países se niegan a aceptar la llegada de personas que vienen de otros lugares porque eso redunda en perjuicio de su propio bienestar. Las naciones desarrolladas conviven plácidamente con un realidad que les rodea donde las privaciones, las injusticias y la nula calidad de vida son la regla. Las diferencias sociales crecen y la miseria se extiende por tres cuartas partes del planeta.

Y en otro orden de cosas, en nuestro seno interno apreciamos fuertes diferencias sociales. Una ciudad como Bilbao permite que un barrio como Iturrigorri-El Peñaskal, tenga una renta per cápita inferior en más de la mitad que otro barrio como Abando, cuando la distancia entre ambos se puede recorrer a pie en pocos minutos.

El concepto fraternidad que acuñaron los revolucionarios franceses comportaba un compromiso ético muy fuerte. Porque las relaciones humanas se sustentaban en unos lazos fortísimos que imponían unas obligaciones “sagradas” entre unos ciudadanos y otros. Es decir, si quien sufre está vinculado a mi por un lazo invisible fraternal (es una especie de hermano mío), mi obligación hacia él crece. Pero es más, el reparto de la riqueza se convierte en derecho, no en algo que podamos modular de acuerdo con nuestros intereses, imponiendo obligaciones legales. El Estado del Bienestar establece unos umbrales por debajo de los cuales se considera que el trato hacia un ciudadano es injusto e inhumano, estableciendo medidas fiscales para garantizar esos mínimos. Es una conquista del sistema político europeo a la que no podemos renunciar.

Este asunto, debe efectivamente desarrollarse, pero el 15-M ha contribuido a generar una agitación de las conciencias y por tanto, replantearnos que algunas de nuestras conquistas sociales más estimables deben constituir para nosotros “conditio sine qua non”.

Finalmente, voy a concluir este artículo como empecé. Creo que los socialistas tenemos por delante una importante reflexión para recuperar el valor y el sentido de la política, dar respuesta a los interrogantes sociales, encontrar solución de los problemas y perder el miedo a los cambios, al debate y a las nuevas ideas. Estas han sido nuestras señas de identidad y deben serlo en el futuro para así recuperar la confianza ciudadana y el apoyo de los electores.